*:Alter - Focus:*
Columna Sin reticencias
Publicada en el El Periódico El Corregidor
Junio 13, 2008
Por Ana Soria
Como lo dijo Julio Sherer: “al periodista lo deben avalar los hechos, pues sin ellos está perdido”, lo cierto, es que en la transición de la casa editorial, a la búsqueda de la comprobación de los hechos, en muchas ocasiones es un suplicio.
México cuenta con una legislación en materia de acceso a la información que no ha sido tocada desde que se agregó la frase al artículo 6º constitucional “el derecho a la información será garantizado por el Estado” – ¡pero no nos dicen como! -, por lo que se ha argumentado que se requieren leyes secundarias para respaldarlo.
Lo cierto, es que la normatividad internacional nos ofrece garantías, que ante la complejidad en el acceso, bien podríamos denominar como “la santísima trinidad”, incluidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y es que se especifica en ambos documentos que: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o escrita o por cualquier otro procedimiento a su elección”.
“Buscar, recibir y difundir”, información u opiniones por cualquier medio, ya sea internet, fax, prensa, radio teléfono, video, cine o audio. Siempre suspiramos estas posibilidades como la tarea ideal de un medio de comunicación.
La conjugación de ese trío de verbos, reformula las libertades de expresión e imprenta contenidas en los artículos 6º y 7º constitucionales, que al estar protegidas por el Estado, es imposible – en documento – de que sean impedidas.
En la práctica cotidiana no es así. No toda la responsabilidad en la reserva de información la tienen los políticos – que son a los que regularmente culpamos -.
El foco principal está en las negociaciones que se anteponen para su publicación, lo que el periodista José Martínez define como “la prensa negra, que es aquella que se sustenta en la manipulación de la información por intereses políticos o particulares”.
La tendencia actual, habla de valores de mercado, más que de impulsar ese derecho a la información, ahora se comercia – aunque no seamos mercaderes -. No quiere decir que los medios estemos mintiendo, más bien, no estamos diciendo – ni siquiera conjugando en gerundio -.
La mayoría de las veces, la información que se publica es “afortunada”, ¿pero qué pasa con los escenarios que deben ser rebelados a los ciudadanos para que analicen la situación por la que transitan y busquen, en ese esquema de la “responsabilidad de todos”, las soluciones?.
La construcción democrática requiere indudablemente, la génesis de un espacio público informado. Los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad primaria, como lo que especifica Ikram Antaki en el Manual del Ciudadano Contemporáneo.
“Los medios representan hoy un poder a veces mayor que aquel que pretenden combatir; deben ser capaces de definir una moral pública conciliable con la libertad, y pasar de una ética de la oferta basada en el rechazo de la censura, a una ética de la demanda donde cabe la responsabilidad”.
¿Qué medios cuentan con un verdadero código deontológico acorde a un verdadero servicio de informar?, ¿a quien le conviene mantenerlos así?.
Las autoridades han señalado que existen muchos vacíos jurídicos, tan sólo la ley de imprenta vigente para México, data del año de 1917, con sanciones pecuniarias risibles que hablan de los pesos anteriores a “los nuevos pesos” y ya hemos vuelto a la denominación de “pesos”.
Hay un debate de años que no ha permitido poner reglas claras, porque las autoridades exigen restricciones que ya tenemos especificadas en los artículos 6º, 7º, y 130 de la Carta Magna, en el 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras disposiciones en los Códigos Penales y la Ley de Imprenta.
Por otro lado, los periodistas exigimos garantizar lo que ya es permisible desde antaño. Si combinamos ambas fórmulas, sólo se requiere el consenso para avanzar - ¿qué complejo no? -.
La visión es reglamentar no para “controlar o dirigir la información”, sino para ampliar las garantías, la transparencia, la pluralidad, la independencia, para poder informar sin reticencias.
Nos leemos en la siguiente…
Comentarios: anna_sori@hotmail.com
Columna Sin reticencias
Publicada en el El Periódico El Corregidor
Junio 13, 2008
Por Ana Soria
Como lo dijo Julio Sherer: “al periodista lo deben avalar los hechos, pues sin ellos está perdido”, lo cierto, es que en la transición de la casa editorial, a la búsqueda de la comprobación de los hechos, en muchas ocasiones es un suplicio.México cuenta con una legislación en materia de acceso a la información que no ha sido tocada desde que se agregó la frase al artículo 6º constitucional “el derecho a la información será garantizado por el Estado” – ¡pero no nos dicen como! -, por lo que se ha argumentado que se requieren leyes secundarias para respaldarlo.
Lo cierto, es que la normatividad internacional nos ofrece garantías, que ante la complejidad en el acceso, bien podríamos denominar como “la santísima trinidad”, incluidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y es que se especifica en ambos documentos que: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o escrita o por cualquier otro procedimiento a su elección”.“Buscar, recibir y difundir”, información u opiniones por cualquier medio, ya sea internet, fax, prensa, radio teléfono, video, cine o audio. Siempre suspiramos estas posibilidades como la tarea ideal de un medio de comunicación.
La conjugación de ese trío de verbos, reformula las libertades de expresión e imprenta contenidas en los artículos 6º y 7º constitucionales, que al estar protegidas por el Estado, es imposible – en documento – de que sean impedidas.
En la práctica cotidiana no es así. No toda la responsabilidad en la reserva de información la tienen los políticos – que son a los que regularmente culpamos -.
El foco principal está en las negociaciones que se anteponen para su publicación, lo que el periodista José Martínez define como “la prensa negra, que es aquella que se sustenta en la manipulación de la información por intereses políticos o particulares”.
La tendencia actual, habla de valores de mercado, más que de impulsar ese derecho a la información, ahora se comercia – aunque no seamos mercaderes -. No quiere decir que los medios estemos mintiendo, más bien, no estamos diciendo – ni siquiera conjugando en gerundio -.La mayoría de las veces, la información que se publica es “afortunada”, ¿pero qué pasa con los escenarios que deben ser rebelados a los ciudadanos para que analicen la situación por la que transitan y busquen, en ese esquema de la “responsabilidad de todos”, las soluciones?.
La construcción democrática requiere indudablemente, la génesis de un espacio público informado. Los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad primaria, como lo que especifica Ikram Antaki en el Manual del Ciudadano Contemporáneo.
“Los medios representan hoy un poder a veces mayor que aquel que pretenden combatir; deben ser capaces de definir una moral pública conciliable con la libertad, y pasar de una ética de la oferta basada en el rechazo de la censura, a una ética de la demanda donde cabe la responsabilidad”.
¿Qué medios cuentan con un verdadero código deontológico acorde a un verdadero servicio de informar?, ¿a quien le conviene mantenerlos así?.Las autoridades han señalado que existen muchos vacíos jurídicos, tan sólo la ley de imprenta vigente para México, data del año de 1917, con sanciones pecuniarias risibles que hablan de los pesos anteriores a “los nuevos pesos” y ya hemos vuelto a la denominación de “pesos”.
Hay un debate de años que no ha permitido poner reglas claras, porque las autoridades exigen restricciones que ya tenemos especificadas en los artículos 6º, 7º, y 130 de la Carta Magna, en el 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras disposiciones en los Códigos Penales y la Ley de Imprenta.
Por otro lado, los periodistas exigimos garantizar lo que ya es permisible desde antaño. Si combinamos ambas fórmulas, sólo se requiere el consenso para avanzar - ¿qué complejo no? -.La visión es reglamentar no para “controlar o dirigir la información”, sino para ampliar las garantías, la transparencia, la pluralidad, la independencia, para poder informar sin reticencias.
Nos leemos en la siguiente…
Comentarios: anna_sori@hotmail.com
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